Entrevista realizada por El Eco de Tandil a Agustina Girado y Alejandro Migueltorena, directores del Programa Integral de Extensión de UNICEN “Acceso Justo al Hábitat en la región del centro de la Provincia de Buenos Aires”.
En el marco de un encuentro regional orientado a discutir la gestión democrática de la problemática habitacional en localidades del sudeste de la provincia, El Eco de Tandil dialogó con Agustina Girado y Alejandro Migueltorena, directores del programa de extensión de UNICEN, que, entre otras labores, realizó un relevamiento de la población que ocupó los terrenos de Picirilli al 1000.
Este viernes, a partir de las 13, se llevó a cabo en la sala “B” del Centro Cultural Universitario, un encuentro para reflexionar sobre experiencias y estrategias de construcción de un hábitat democrático en la región del sudeste de la provincia de Buenos Aires. La jornada fue impulsada en el marco de las acciones desplegadas por el Estamento Universidades del Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat, y fue organizada por las representaciones de la UNICEN y la UNMdP en dicho organismo, en conjunto a su vez con el Programa Integral de Extensión de UNICEN “Acceso Justo al Hábitat en la región del centro de la provincia de Buenos Aires”.
Participaron especialistas, referentes de organizaciones sociales y funcionarios públicos de múltiples localidades de la región, en un evento que tuvo como una de sus principales funciones, compartir experiencias entre los mismos, con el fin de aportar herramientas para el desarrollo del principio democrático de la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, su articulación con otros principios, y los beneficios del desarrollo urbano, la función social de la propiedad y el derecho a la vivienda.
El Eco de Tandil dialogó en el Centro Cultural Universitario con Alejandro Migueltorena y Agustina Girado, ambos directores del programa de extensión de UNICEN que nuclea la discusión sobre este tipo de temáticas.
Gestión democrática del hábitat
Primeramente, Girado explicó que el encuentro se realizó en base a la necesidad de discutir las particularidades que asume la problemática habitacional en la región que les compete y al mismo tiempo, para pensar estrategias tendientes a afrontar el desafío de lograr una implementación plena de la Ley de Acceso Justo al Hábitat. “Entendemos que nos ofrece muchas herramientas para pensar la gestión democrática de la ciudad, que es el título que convoca de alguna manera a esta jornada”, señaló.
Destacó, a su vez, que este tipo de jornadas se piensan en el marco del aniversario de la democracia en nuestro país, comprendiendo el rol fundamental que tienen las universidades en lo que hace a garantizar derechos humanos fundamentales, y asumiendo que uno de ellos tiene que ver con la vivienda digna.
“Igualmente, la idea de hábitat nos permite desbordar la idea de una vivienda, porque si yo te la doy, pero después no te garantizo el acceso a servicios, a transporte, a todo lo que implica vivir en la ciudad, no se estaría cumpliendo el objetivo, entonces eso es lo que estamos propiciando”, desarrolló.
El encuentro contó con dos paneles, al primero, con el fin de socializar las experiencias de autoproducción en las distintas localidades, asistió el presidente del Consejo Local de Hábitat de Azul, Bernardo Sassano, entidad que representa la única experiencia que está funcionando en las ciudades cercanas a Tandil.
Especialistas, referentes de organizaciones sociales y funcionarios públicos de múltiples localidades de la región intercambiaron experiencias y discutieron estrategias durante toda la jornada.
“La ley sobre la que estamos discutiendo, prevé la conformación de consejos locales, como un espacio para pensar y discutir cómo queremos que sea la ciudad. Si bien Tandil está adherido a esta ley, nunca conformó el consejo. Y en las experiencias cercanas, la única ciudad que lo ha logrado conformar es Azul, entonces nos parecía interesante saber cómo fue esa experiencia, cómo se gestionó, cómo se está trabajando; porque tiene menos de dos años, es bastante nuevo”, refirió.
Respecto a las razones por las cuales no existe hoy en día un consejo de este tipo en la ciudad, Girado lo relacionó en gran parte a la falta de voluntad política. Indicó que por normativa, quien debe estar a cargo de su conformación es el Ejecutivo, quien hasta el momento se abstiene de participar. Agregó, a su vez, que de todas formas habría que discutir qué personas formarían parte del mismo y cómo se lo dota de contenido “para transformarlo en una herramienta de lucha, porque el consejo por el mero hecho de tenerlo no va a funcionar”.
El segundo panel contó con la participación de integrantes de la Defensoría Pública del Departamento Judicial de Azul, una presencia que definió como vital para comprender el trabajo que se realiza en situaciones específicas. “Porque lo que están intentando es pensar qué sucede cuando los conflictos se judicializan, y cómo eso muchas veces implica seguir vulnerando derechos de las personas, entonces la experticia de ellos nos ofrece otras herramientas para pensar esos conflictos, con alternativas a la salida judicial, que no sea siempre un desalojo”, expresó.
En el marco de la situación delicada que se vive en Tandil, la cual se puede retrotraer a otros episodios que han ocurrido en la ciudad y que también acontecen en la provincia en general, para los especialistas locales resulta enriquecedor contar con otro tipo de lecturas desde instituciones que intervienen en la primera línea en este tipo de conflictos.
“Cuando se produce la judicialización a causa de que efectivamente las personas tienen que garantizarse un lugar donde vivir, fallan los mecanismos, no hay políticas publicas suficientes y a su vez, no se puede acceder por el mercado inmobiliario, entendemos que es la única salida la ocupación, y ahí el Estado tiene que dar una respuesta”, aseguró la directora.
Combatir la crisis desde el diálogo
En la misma línea, Migueltorena se refirió específicamente a la crisis habitacional que azota a la ciudad, esbozando en primer lugar una contextualización de dicha problemática. Sostuvo que según los últimos datos del censo nacional, en 2001 había 70 por ciento de hogares que eran propietarios de sus viviendas, en el 2010 ese porcentaje bajó al 62 por ciento y ahora, en 2022, volvió a descender al 57, al contrario de la cantidad de inquilinos que viene en alza. “Eso ya nos da cuenta, además de otros datos que podríamos mencionar, de una situación que se va agravando con respecto al acceso a la vivienda”, afirmó.
Teniendo en cuenta esa información, manifestó que la Ley de Acceso al Hábitat no se utiliza únicamente “para urbanizar asentamientos o villas”, sino que implica pensar en cómo se pueden implementar mecanismos que no hagan, por ejemplo, subir el precio de los terrenos y viviendas “como hemos visto que sucede en nuestra ciudad”.
Siguiendo esa lógica, consideró fundamental generar líneas de diálogo, con un consejo local como el de Azul, con todos los actores sentados en la mesa, que piense políticas para que eso se evite, con el fin de que aquellas personas que actualmente, aun teniendo capacidad de ahorro, no pueden acceder a un lote. “Que se pueda pensar en cómo lograr que, aplicando diferentes estrategias, eso se pueda ir revirtiendo”, contó.
“La Ley prevé algunos mecanismos, consorcios urbanísticos, hay diferentes herramientas, pero lo importante es que haya un consenso de muchos actores, y que eso se pueda traducir en políticas públicas, el camino creo yo que es por ahí”, concluyó.
