En un hecho sin precedentes en la ciudad, se inició el juicio oral y público contra los acusados de la muerte del abogado olavarriense Carlos Alberto Moreno, ocurrido en nuestra ciudad en la última dictadura militar. La noticia que sacudió los ánimos de la jornada fue la decisión del Tribunal, quien revocó la prisión domiciliaria que gozaban dos de los tres militares imputados. Más aún, se dispuso la detención inmediata de los hermanos Méndez, acusados de ser cómplices del aquel asesinato. Tras salir fuertemente custodiados y bajo una lluvia de huevazos de los militantes que estaban afuera, quedaron alojados en la comisaría Primera.
Después de décadas, Tandil vivió algo histórico, impensado para muchos. Los acusados de ser responsables de la muerte del abogado laboralista olavarriense Carlos Alberto Moreno, estaban en el banquillo de los acusados frente a un Tribunal. Seguidos de cerca, como público, medio centenar de personas aguardando por una justicia que se hizo esperar.
Más impensado aún que los ex militares en cuestión y los mismísimos hermanos Méndez iban a ser esposados y retirados del recinto como presos comunes.
Afuera de la sala, una horda de jóvenes militantes festejaba la medida cautelar judicial y los iban a secundar hasta el patrullero en medio de una fuerte custodia policial, a grito pelado, insultos varios y una lluvia de huevazos.
Pasaron años de este caso que es tomado como emblema de lo que representó el circuito represivo de la última dictadura en esta región, y por eso la atención dispensada aquí y más allá también. Como adelantó la querella, esto apenas puede ser el comienzo de una historia de complicidades que hasta aquí poco se ventiló.
Como muestra del botón, el relato de testigos del caso (leídos en la requisitoria fiscal) que aducen que uno (Marcovechio –fallecido-) fue intimidado por el otrora intendente Julio José Zanatelli, el militar Mur y Emilio Méndez, quienes lo citaron en la casa del Barrio Falucho donde lo invitaban a callar todo lo que sabía del caso Moreno, de lo contrario sufriría represalias él y su familia.
Esto como otros “detalles” que se presentaron cual introducción a la acusación fiscal, formaron parte de los argumentos del ministerio público para una larga alocución que fundamentó la convicción de la responsabilidad penal de los imputados.
El cambio de situación penal de los Méndez
Puntualmente a las 13, el Tribunal Federal, integrado por los jueces Néstor Rubén Parra, Roberto Atilio Falcone y Mario Alberto Portela, dio inicio a la audiencia, mientras en las puertas de la Unicén aún varios vecinos pugnaban por ingresar y presenciar el trascendente acto judicial. Ya el fiscal Adler y los abogados querellantes aguardaban su turno, en tanto los defensores flanqueaban a los cinco imputados, los tres ex militares y los dos civiles, que desde horas tempranas ya estaban en el edificio tal lo había previsto el Tribunal para evitar inconvenientes en la antesala al debate.
Cabe consignar que los imputados Julio Alberto Tomassi, Roque Italo Pappalardo, José Luis Ojeda; Emilio Felipe Méndez y Julio Manuel Méndez, están acusados de privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio calificado.
Los militares Tommasi, Pappalardo y Ojeda, quienes son imputados como coautores, ya se encontraban privados de su libertad, los dos primeros en arresto domiciliario y el tercero en una unidad penal.
Hasta aquí los Méndez arribaban al juicio como partícipes secundarios, argumentando (consta en sus declaraciones) que no tenían conocimiento alguno sobre la actividad que se desarrolló en su quinta. Que nunca facilitaron el reducto para que los militares hicieran lo que hicieron. Empero, el fiscal no creyó en dicha versión y fue –va- por más.
Tal como se adelantó en estas páginas, para la acusación ambos tenían conocimiento de lo que ocurrió en su propiedad, a partir de su estrecha relación con las autoridades militares a partir de su vida social y económica que tenían en la ciudad.
Los funcionarios judiciales argumentaron la medida -celebrada por familiares y allegados de Moreno como así también por las organizaciones de DDHH y políticas movilizadas en Tandil- en la necesidad de garantizar el normal desarrollo de los testimonios previstos durante el juicio, que serán al menos 70 que se prestarán en el transcurso de unas seis semanas, según se estimó.
Los testimonios
Precisamente de esos tantos testimonios el fiscal detallaría relatos conmovedores que sustancian el grosso expediente y hablan de cómo secuestraron, privaron de la libertad, torturaron y asesinaron a Moreno, aportes que fundan la acusación para todos los imputados. Muchas de dichas declaraciones serán reproducidas desde hoy a las 8.30 por los propios involucrados, de los cuales algunos guardaron silencio público hasta esta instancia y prometen ser reveladores.
Tras la extensa exposición fiscal que demandó más de dos horas, el Tribunal citó a indagatoria a los acusados. Tomassi, Pappalardo, Ojeda y los Méndez se ubicarían en el centro de la escena. Todos, sin excepción, se presentarían y coincidirían en negarse a declarar “por ahora”.
Así, entonces, los jueces dispondrían el cuarto intermedio para hoy, cuando comiencen a desfilar los testigos de una causa emblemática, cargada de simbología para entender lo que representó el circuito represivo de la última dictadura en estos pagos. También promete romper silencios cómplices que hasta ayer convivían por las calles tandilenses sin más, como los Méndez, que ahora debieron dejar la Universidad esposados, fuertemente custodiados frente a una ola de insultos y huevazos. Desde anoche, duermen en uno de los calabozos de la Seccional Primera como el resto de los ex militares acusados. Luego seguirán en la Unidad Penitenciaria de Barker hasta que finalice el juicio. Por la vehemente fundamentación fiscal, será difícil revertir esa situación.
Adhesión de la Provincia
En diálogo con Multimedios El Eco, desde la administración bonaerense, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, subsecretario de Coordinación Gubernamental de la Jefatura de Gabinete dejó sentada la postura de satisfacción por la instancia en que se ha arribado en la ciudad.
«Así como lo hemos venido haciendo en otros casos significativos, la Provincia –a través de nuestra Secretaría de Derechos Humanos- actúa como querellante en la causa por la privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio de Carlos Alberto Moreno. Es nuestro compromiso con la Verdad, la Memoria y la Justicia», afirmó el funcionario sciolista con raíces tandilenses que, como otros tantos convecinos, sigue atento a lo que ocurre con este juicio sin precedentes que la ciudad protagoniza.*
Un día histórico
En el transcurso de toda la jornada estuvo presente Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien expresó que “no es la primera vez que vengo a Tandil y como siempre me siento feliz de encontrar tanta gente querida, tanta juventud militante y sobre todo compartir este día tan especial porque se comprueba con este juicio que el golpe fue cívico-militar”.
“Es tan importante porque van a ser los primeros de una serie grande que hay para juzgar a los civiles, así que realmente es tan lindo ver tanta juventud que sigue con esa fuerza militancia maravillosa, que son la esperanza nuestra”, afirmó en diálogo con El Eco de Tandil.
Y añadió que “es uno de los tantos días históricos que las Madres estamos compartiendo, viviendo esta justicia legal, que por tantos años venimos exigiendo, jamás justicia por mano propia”.
“Es una mezcla de sensaciones porque estamos contentos pero estamos juzgando porque nos faltan 30 mil hijos. Sin embargo, esto nos reconforta. Siempre a los 30 mil los recordamos con alegría porque ellos eran jóvenes y estarían acá aplaudiendo a la Bersuit (ver página 4), hay que recordarlos con mucha alegría. Por eso cuando terminamos una charla jamás pedimos un minuto de silencio, no, un aplauso porque ellos querían vivir, aunque no se los permitieron. Pero están acá en cada uno de ustedes”.*
Clave para ver la complicidad civil y el modelo económico de la dictadura
Con una charla abierta que se realizó por la mañana, en el Centro Cultural Universitario de Tandil, comenzaron las actividades relacionadas al juzgamiento de tres ex militares y dos civiles tandilenses por los delitos de lesa humanidad.
María Nazábal, como titular del Programa de Derechos Humanos, Memoria, Verdad y Justicia de la Secretaría de Extensión de la Universidad, presentó al panel conformado por el rector de la institución, Roberto Tassara, el subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alen, y Marcelo Duhalde, director de Prensa de la Secretaría de Derechos Humanos.
El rector de la Unicén, en primer término, destacó el acompañamiento al gobierno nacional “en varias de sus políticas de Estado, como la de inclusión a los jóvenes, pero sobre todo en éstas que buscan memoria, verdad, y justicia”.
En ese marco, resaltó que la “creación de este nuevo programa desde la Secretaría de Extensión nos permite ahora acompañar con firmeza el trabajo de la multisectorial que organizaciones conformaron por el juicio”.
Tassara, también, indicó que ese paso institucional se dio siguiendo una línea “marcada fuertemente por la Cátedra Abierta de Derechos Humanos que se implementa desde hace años y la enseñanza en nuestros colegios secundarios, varias veces premiados por trabajos en esa materia”.
Duhalde, a su turno, mencionó que “este juicio que se inicia hoy en Tandil es una síntesis de lo que fue la última dictadura y ubica a dos civiles entre los juzgados, lo que representa la composición de los dueños del terror”.
El funcionario, señaló que esa complicidad civil es la que permite además “entender definitivamente los objetivos económicos y el modelo que se persiguieron tras el golpe”, concepto luego ratificado por el subsecretario de Protección de Derechos Humanos.
Fue precisamente Alen, quien más profundizó sobre el escenario de complicidades civiles y militares, asociados a “sectores concentrados de la economía siempre representados en entidades como la Sociedad Rural, por ejemplo”.
“Queremos prisión efectiva para los juzgados” advirtió Alen, entre aplausos, tras reiterar que desde el proceso de juzgamiento abierto por el ex presidente Néstor Kirchner en 2003, y ratificado por Cristina Fernández, “nunca pensamos ni vamos a hablar de reconciliación con quienes cometieron estos crímenes aberrantes para la humanidad. Queremos prisión efectiva para los cinco imputados, porque no podemos permitirnos como sociedad que ningún genocida más camine libre por la calle”.
Presencias
Además de referentes de derechos humanos y familiares de víctimas de desaparecidos, hubo personalidades, autoridades destacadas del quehacer nacional, provincial y local siguiendo el juicio que ayer comenzó y hoy se reanuda.
El jefe comunal Miguel Lunghi y sus colaboradores Marcos Nicolini y Juan Pablo Frolik, el padre Raúl Troncoso y el rector Roberto Tassara, entre otras autoridades locales, formaron parte del público presente.
También recibió un sentido aplauso la aparición las Madres de Plaza de Mayo Sara Dorotier de Cobacho (a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia) y Taty Almeida.
Fuente: Diario El Eco
Categorías: Novedades
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