Hacia una ley de Agricultura Familiar

 

Compartimos a continuación una interesante nota de opinión del diputado nacional Carlos Raimundi publicada recientemente en el diario Tiempo Argentino. Lleva por título “Hacia una ley de Agricultura Familiar” y da cuenta de la iniciativa que se encuentran impulsando junto a otros legisladores en torno a un proyecto de ley de promoción y desarrollo de la agricultura familiar, en el marco de la economía social. 

Hacia una ley de Agricultura Familiar

Uno de los objetivos es devolver el protagonismo que los verdaderos productores fueron perdiendo a expensas del monocultivo que prioriza lo financiero.

Foto http://www.economiapopular.coop/
Foto http://www.economiapopular.coop/

En el marco institucional de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, como continuación de una serie de jornadas que se vienen extendiendo por todo el país, con la presencia de diferentes organizaciones involucradas y funcionarios del Ministerio de Agricultura de la Nación y su flamante Secretaria de Agricultura Familiar, comenzaron a debatirse dos proyectos de ley de Agricultura Familiar, de uno de los cuales soy firmante. No impulso esta iniciativa como un actor protagónico de la actividad, sino desde el convencimiento de la importancia cardinal de la Agricultura Familiar como factor constitutivo de un modelo de sociedad más inclusivo y democrático.
La Agricultura Familiar es una parte esencial del concepto de Economía Social, Popular y Solidaria, que incluye áreas como desarrollo local, asociativismo y cooperativismo, presupuesto participativo, microcréditos, comercio justo, precio responsable, empresas recuperadas. Y es aquí donde se devela una profunda deformación cultural nada desinteresada. Tanto la agricultura familiar como la economía social, son tomadas en cuenta como un universo de subsistencia, un subsistema vinculado a la pobreza, al cual hay que acudir con políticas asistenciales. Y no como lo que verdaderamente deben ser, esto es, una nueva matriz productiva que diversifique la estructura monopólica vigente en el país, y de la cual debe emerger un nuevo sujeto productivo, y por lo tanto una ampliación de la democracia. Una ampliación no solo cuantitativa, sino cualitativa, de la democracia política, económica y social.
Esta desvalorización conceptual de la agricultura familiar, a la cual se añaden conceptos como el de campesina y de pueblos originarios, no es ingenua. Ha sido plasmada durante décadas de predominio económico, político y cultural ejercido por los sectores dominantes. Sectores dominantes que, al contrario de la agricultura familiar, se relacionan con la tierra a partir de la mirada espasmódica de las pizarras de cotización a futuro de los grandes mercados financieros, en lugar de hacerlo desde el compromiso permanente con la tierra, la producción y el desarrollo integral de las familias argentinas, como sí lo hacen los productores de la agricultura familiar. A lo largo de esta década de gobierno, el kirchnerismo ha resaltado el concepto de interés público para las tierras rurales –a cuya extranjerización ha puesto límites precisos– y para los recursos energéticos de nuestro subsuelo. Del mismo modo, todos los argentinos y las argentinas debemos ser los destinatarios de la renta con que nos ha premiado la naturaleza, a partir de la especial fertilidad de nuestras tierras y de nuestra producción agropecuaria. Las empresas oligopólicas que se han venido beneficiando con la concentración de las tierras, a través de figuras jurídicas que nada tienen que ver con el cooperativismo sino con el latifundio, y que acaparan la comercialización en unión con grandes bancos y con multinacionales de la biotecnología, no son las propietarias del recurso, sino intermediarias entre el recurso y su verdadero dueño, que es el pueblo de la Nación Argentina. Por ello, el Estado debe ir recuperando márgenes de intervención, de modo de devolver el protagonismo que los verdaderos productores fueron perdiendo a expensas del monocultivo que prioriza lo financiero por sobre lo social, lo ambiental, la seguridad y soberanía alimentarias y el bolsillo de los consumidores.
La presentación de un proyecto de ley que repare esta anomalía, debatido por decenas de organizaciones de productores, los campesinos y pueblos originarios, los institutos autárquicos y las reparticiones públicas, las universidades, hablan a las claras de un largo y trabajoso proceso cultural que avanza para revertir aquellas deformaciones pro-oligárquicas. El hecho de que la Comisión de Agricultura de una de las cámaras legislativas –no puedo hablar por la otra– no responda como en otros tiempos al lobby de las patronales agropecuarias, sino a los actores diversificados de la economía social y de la agricultura familiar, es expresión de ese mismo avance político y cultural.
Los proyectos, cuyos firmantes principales son la diputada Claudia Giaccone y Carlos Rubín, serán compatibilizados para convertirse en una herramienta única para el debate. El primero de ellos se titula “Reparación histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una nueva ruralidad” y en su recorrido contempla la formación de un Registro de Productores y un Banco de Tierras; la preservación del ambiente; la regulación de los procesos productivos y la comercialización; el rol del Estado en la educación (la educación rural como servicio público esencial), el desarrollo y la asistencia técnica mediante el fomento de la investigación, la formación y capacitación de los productores; el aporte de infraestructura, equipamiento y otras políticas sociales y de promoción como la del valor agregado en origen; la creación del Centro de Producción de Semillas Nativas; y la suspensión de los desalojos compulsivos. Todo esto, con su correspondiente financiamiento, define un perfil muy marcado en el sentido al que nos referimos.
Siempre insisto en que una ley debe ser muy cuidadosa de su ‘texto’, que es en definitiva lo que se convierte en norma positiva, y por lo tanto vinculante de las conductas sociales. Pero hay otro aspecto no menor de una ley, y es el ‘contexto’ de debate, que se abre a partir de la temática que plantea. Ese contexto abierto por el proyecto de ley de Agricultura Familiar, más allá de todas las correcciones que necesite, tiene la misión de poner en cuestión muchos intereses dominantes, que se han sentido muy cómodos hasta ahora, en que no estaba instalado con fuerza este debate.
Y esos intereses tienen muchas herramientas para influir sobre legisladores de la Comisión de Agricultura y del plenario en general, lo que sólo puede ser contrabalanceado con mucha información y discusión franca en cada rincón productivo del país. Cada ámbito productivo debe convertirse en un cabildo abierto para sostener y mejorar el proyecto. Sólo a través de la voz de todos los actores que irrigue hasta lo más profundo de nuestra comunidad productiva, pasaremos de una idea que históricamente ha reducido la Agricultura Familiar a la categoría de economía de subsistencia, a una nueva ruralidad y una Agricultura Familiar convertida en un nuevo sujeto, en una palanca esencial de una nueva matriz de producción, comercialización y consumo, que hable de una sociedad mucho más democrática que la que heredamos.

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